La pasada semana el Pleno de la Diputación provincial debatió una moción en la que se instaba a la institución a “que apoye la reapertura de las Minas de Riotinto para actividades exclusivamente de explotación minera con todas las garantías legales y medioambientales”, así como a que “haga cuantas gestiones sean necesarias ante la Junta para facilitar y desbloquear dicha apertura”. Éste era el contenido inicial propuesto por el Partido Popular para someterlo a debate y votación.
El Diputado Provincial de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo, coherentemente con la posición defendida al respecto por IU en la comarca y fuera de ella (esto es, reconocer que aunque es cierto que la reapertura de la mina sería posiblemente la única vía de solución al problema del paro en la Cuenca a corto plazo, no podemos exigirle a las administraciones que prevariquen -que es lo que en alguna ocasión han parecido exigir el PP, alcaldes del PSOE y la UGT- ni podemos dejar de exigirle a la empresa que demuestre solvencia financiera, capacidad industrial, sostenibilidad medio ambiental y responsabilidad social, que es lo que la Junta tiene la responsabilidad de verificar para otorgar o no autorizaciones), transmitió al Grupo Popular que era imposible que IU pudiera apoyar esa moción si no hacía una referencia a las responsabilidades de los inversores. Así, llegados a un acuerdo en este punto, la moción finalmente aprobada por unanimidad establecía que:
1.- La Diputación apoye la reapertura de las Minas de Riotinto para actividades exclusivamente de explotación minera con todas las garantías legales y medioambientales.
2.- "Que la Diputación Provincial haga cuantas gestiones sean necesarias ante la Junta de Andalucía para facilitar y desbloquear dicha apertura,e instar a las empresas a continuar el procedimiento de acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa para el inicio de la actividad extractiva"