Artículo de opinión de Ricardo Gallego, publicado hoy en Huelva Información
RIOTINTO
DEBE ABRIR, PUEDE ABRIR, TIENE QUE ABRIR
Ricardo Gallego Pajares
Vicepresidente de MRT y Representante de la
Sindicación de los Mineros- Accionistas
La
inactividad de la minería en Riotinto está teniendo un coste social
insoportable e injusto: tasas de desempleo por encima de la media andaluza, el
comercio colapsado por la caída del consumo, pesimismo social que fragmenta la
necesaria unidad reivindicativa para exigir los derechos que otorga la
Constitución, la credibilidad de las instituciones políticas y sindicales bajo
mínimos… Una sociedad comarcal que, el paro, está erosionando con unas
consecuencias futuras imprevisibles pero muy negativas.
Un breve
recordatorio. Riotinto es la mina en explotación (ahora en stand by) más
antigua del mundo. En 1873 los ingleses compran la mina y la explotan hasta
1954 que pasa a capital español. Los avatares societarios se suceden para
recabar en manos del grupo norteamericano Freeport McMoran, que inicia su
cierre y se evita éste con la creación de una Sociedad Anónima Laboral donde
los trabajadores intentan vivir continuando la explotación minera. La crisis de
los metales básicos de los años 1998 y siguientes llevó al cierre a centenares
de minas de todo el mundo. En Huelva la SAL de Riotinto y la multinacional
Navan en Sotiel, Nueva Tharsis. La suspensión de pagos y posterior liquidación
de sus bienes patrimoniales fue la consecuencia de la caída abisal de los
precios internacionales de los metales.
Pero el
tiempo ha cambiado. Si en esos años la caída fue abisal, en estos la subida es
cósmica. Sirva de comparación que en 1998 el cobre cotizaba oscilando entre
1400-1500 dólares la tonelada frente a la cotización actual, que lleva años
cotizando entre 7000-8000 dólares la tonelada. O sea, lo que antes era una ruina,
hoy es un soberbio negocio.
Esa
riqueza está ahí y corremos el riesgo de que desaparezca cuando las
cotizaciones bajen. Tasas de desempleo del 50 % están asolando la Cuenca.
Especuladores y farsantes también.
El
derrumbe de las coordenadas identitarias de la Cuenca es un hecho. La nula
actividad económica está pidiendo a gritos una reactivación y ésta SOLO puede
venir de la apertura de la actividad minera de Riotinto. La Administración y
los actores sociales deben formar un equipo que –en el marco de la Ley-
objetivice la apertura de la mina como única posibilidad de salvación comarcal.
Esta
necesidad no puede hacernos olvidar los intereses torticeros y cruzados que
existen, impidiendo hasta ahora la apertura, ni tampoco la lentitud jurídica
que conlleva el retraso en la toma de decisiones e introduce un plus de
inseguridad en el riesgo de la inversión.
La
angustia social que se vive en la Cuenca exige una toma firma de decisiones
inmediatas, lícitas y legítimas, encaminadas a la apertura de la explotación
minera en el marco de la Ley.
Entendemos
(los trabajadores- accionistas mayoritarios en el capital social de MRT) que el
nuevo Gobierno andaluz debe trabajar para abrir Riotinto en tres frentes:
derechos mineros, solución medioambiental y eliminación de interferencias
espúreas.
Derechos mineros- seguridad
jurídica:
Los
recursos naturales forman parte de la soberanía nacional, son de todos:
minerales, agua, aire… En 1873 el Estado Español arruinado –como ahora- vendió
Riotinto –suelo y subsuelo- al arrogante colonialismo inglés. O sea, Riotinto
es un caso excepcional en la minería, su explotación no ha sido por concesión
estatal –como todas las minas- sino por propiedad del subsuelo.
Estos
derechos mineros, hoy, todos se los piden a la Junta. Pero nadie puede dar lo
que no tiene, lo que no es suyo. La Junta de Andalucía, en este caso, está
actuando con la prudencia que debe hacerlo una administración seria y
consecuente. Saben que una decisión que puede ser calificada como prevaricación
puede tener consecuencias penales tanto en políticos como en funcionarios, amen
de serias repercusiones económicas.
En la
subasta de la Unidad Industrial de MRT, la Comisión Liquidadora vendió los
derechos mineros, haciendo caso omiso de la oposición de la Administración, la
cual consideró nula esa parte de la subasta, y esos derechos siguen registrados
a nombre de MRT. Mantesur –hipotético comprador- llevó a los tribunales la
decisión denegatoria de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía dio la razón a la Junta de Andalucía y a los trabajadores que se
adhirieron a la posición de la Administración. Mantesur, no conforme, envió su
apelación al Tribunal Supremo, y allí se encuentra la causa. Luego, hasta que
el Tribunal Supremo falle, los tan traídos y llevados derechos mineros están en
la reserva, y una decisión administrativa inadecuada e improcedente puede
condenar la explotación minera a su paralización durante larguísimo tiempo por
intervención de los tribunales a petición de las partes torticeras.
Pero ¿podemos
hacer algo para liberar el uso de esos derechos mineros? Podemos.
La
sentencia del Tribunal Supremo va a poner los derechos mineros en dos posibles
y únicas manos: MRT o EMED TARTESSUS. Para acortar los plazos, nosotros,
accionistas mayoritarios de MRT, proponemos ceder a la Junta de Andalucía estos
derechos para que se gestionen como todas las minas, en régimen de concesión.
EMED tiene que hacer esa misma cesión.
Con esta
medida –MRT y EMED renuncia a cualquier posible derecho a favor de la Junta de Andalucía-
se da la seguridad jurídica necesaria tanto para el posible inversor como para
la propia Administración, tomando un considerable atajo a la larga espera del
fallo del Tribunal Supremo, y, se restituye ese trozo de soberanía que en 1873
se nos quitó. O sea, el subsuelo vuelve a ser de todos los españoles.
Iteramos,
la solución rápida de los derechos mineros está en la decisión de EMED
TARTESSUS: vayamos ambas partes –MRT y EMED-, cedamos esos derechos y
renunciemos a exigencias futuras dimanadas del fallo del Tribunal Supremo.
Gestión medioambiental.
La gestión
medioambiental tiene una importancia crucial para el mantenimiento de la
actividad minera. Esta actividad solo es posible con una rigurosa gestión
protectora del medio que valide la actividad minera como una actividad
integradora de un desarrollo armonioso, protector y no agresivo con su entorno.
La rotura
de la presa de residuos de la multinacional Boliden en Aznalcollar fijó el
límite de permisividad administrativa. La contaminación del Guadiamar a las
puertas de Doñana nos puso en el escaparate europeo. En España, Boliden sale de
rositas. Los españoles nos gastamos más de 200 millones de euros en la limpieza
del cauce del río y una mina que podría estar danto un empleo similar al de
Riotinto cerrada para siempre y ello solo por la ambición del capital en
minimizar inversiones y costes operativos. Para sumar opiniones negativas
contra la minería, no hace mucho en Hungría la rotura de una balsa de residuos
mineros puso en jaque al Danubio. De todos estos hechos se desprende que
tenemos que proteger la actividad minera en Riotinto con decisiones rigurosas
sobre la protección del medio circundante. Un solo error solo parecido al de
Boliden y cierra Riotinto para siempre.
La
apertura de la explotación minera exige una atención especial en: a)
tratamiento de los residuos del concentrador, b) tratamiento de las aguas
contenidas en las Cortas de Cerro y Atalaya.
a). Residuos
del concentrador:
La
actividad de Riotinto es producir concentrados de cobre. Se toma un mineral con
5-6 kilos de cobre en cada tonelada y se transforma en un concentrado de,
aproximadamente, 230 kilos de cobre por tonelada. Este proceso genera de cada
100 toneladas de mineral tratado una 97 toneladas de residuos que hay que evacuar
a las presas de residuos. Ese es el proceso de todas las minas. Antes del
desastre de Aznalcollar estos residuos iban mezclados con abundante agua a las
presas de residuo. El análisis de lñas causas de la rotura de la presa de
Boliden, amen de sofisticadas teorías para evitar pagar, llevó a la
Administración en su sección de Minas a considerar que si no hubiese existido
agua en los residuos de Aznalcollar la presa no se hubiese roto. O sea, si los
residuos se depositan secos, sin agua, el peligro de rotura y contaminación
desaparece casi totalmente. Es lógico, por tanto, que las administraciones
tomen medidas preventivas que eviten un, hipotético, desastre. La apertura de
otras explotaciones sigue este conservador y preventivo medio de deposición de
residuos secos en las presas.
El peligro
de rotura de las presas en Riotinto es inexistente. El formidable proyecto de
presas dirigido por Fernando Pla y el correctísimo control y mantenimiento de
las presas de residuos realizado durante cuarenta años lo avalan. Durante todo
este tiempo no ha existido ni un solo accidente medioambiental en las presas de
Riotinto. Podemos decir que el peligro de rotura es nulo. Pero no podemos decir
lo mismo del peligro de desborde por coronación. Este desborde solo es posible
si, habiendo agua, la gestión de las presas es inadecuada, negligente y escasa
en la aportación económica para su mantenimiento. No podemos olvidar que hoy
las presas tienen varios dueños que se dificultan entre sí el correcto
mantenimiento de presas, tal es así, que hay abierto un expediente sancionador
por importe de doce millones de euros a causa de vertidos de aguas contaminadas
a cauce público. Si esto es así con la mina parada ¿qué puede pasar cuando haya
un trasiego de millones de metros cúbicos? Es natural, razonable y comprensible
que la Administración sea exigente con el cumplimiento de “peligro cero” para
el medio ambiente circundante.
Por lo
tanto, el tema de la deposición de los residuos necesita una solución segura
porque, un solo accidente, cierra Riotinto para siempre. Hemos de proteger
nuestra fuente de riqueza y empleo, con técnicas adecuadas al nivel tecnológico
actual y con la financiación suficiente para operar los residuos de forma
impecable y totalmente segura para el entorno que nos circunda.
b).
Tratamiento de aguas de las Cortas de Cerro y Atalaya.
En estos
momentos existen varios millones de metros cúbicos de aguas ácidas acumuladas
en los huecos de Cerro Colorado y Corta Atalaya- Alfredo. Esta agua tienen una
considerable acidez y han ido lixiviando metales pesados de tal suerte que
tienen un amplio contenido en hierro, cobre, zinc, plomo, arsénico, mercurio… y
muchos otros metales en menores proporciones.
Las aguas
de Cerro es necesario evacuarlas para iniciar las labores mineras de explotación;
y parece evidente que no pueden enviarse a cauce público tal cual. Nos
preguntamos ¿qué va a hacerse con estas aguas? La Cuenca necesita una
explicación de la Administración sobre cómo se piensa evacuar este ingente
volumen de ácidos metálicos.
En Corta
Atalaya y Alfredo más de lo mismo. Aguas de la misma composición que la de
Cerro. En este caso su desagüe no es necesario para la actividad minera, pero
sí para evitar que esta joya arqueológica de la minería del siglo XX se
derrumbe.
Mientras existía
la SAL, el mantenimiento de Alfredo y Corta Atalaya se cumplía
escrupulosamente. Vencidos los trabajadores se abandonó el bombeo de Alfredo y
con ello el sistema de evacuación de aguas de lluvia, que, al no hacerse, con
el tiempo se ha convertido en esta agua ácidas llenas de metales.
También
nos preguntamos: ¿la Administración autorizó el cese de bombeo de Alfredo? Si
lo hizo, debe buscar solución para depurar esta agua; si no lo autorizó, debe
aplicar todo el peso de la Ley –penal, si es necesario- para quienes teniendo o
habiendo tenido la obligación de conservar este patrimonio han permitido este
atentado a nuestra historia y a nuestra cultura.
Resumimos:
esta agua hay que enviarlas fuera de estos huecos para poder trabajar y so nos
debe explicar cómo. Si se autoriza una simple evacuación al río podemos tener
tal presión interna y externa que eche el cerrojo a Riotinto.
Contra los interese espúreos:
Expropiación.
En su día,
la Junta de Andalucía utilizó un testaferro para cerrar Riotinto. Rechazó el
Plan Laguna y se enrocó en el cierre definitivo de Riotinto como castigo a los
díscolos mineros no afines a sus políticas ni a sus métodos sindicales. De
aquellos polvos, estos lodos: paro total en la comarca.
El Plan
Laguna –plan presentado por los trabajadores y llamado así por ser el nombre de
nuestro último director y planteado por él- conllevaba el cierre de la
actividad minera en aquellos tiempos de bajo precio del cobre y los
trabajadores al paro, para reiniciar cuando los precios del metal fuesen
competitivos. No fue posible, y la mina y su extensísimo patrimonio pasó a ser
devorada por los carroñeros.
La pésima
gestión de la Comisión Liquidadora ha sido tal que los acreedores no han
cobrado ni un céntimo de un patrimonio –auditado por los interventores judiciales- que duplicaba
el pasivo deudor.
Al olor
del negocio fácil, barato, y con la aportación de ex políticos conseguidores se
troceó el esquema industrial que posibilitaba la actividad de la minería:
derechos mineros con unos dueños, instalaciones industriales de otros y unos
terceros dueños de las presas. Un batiburrillo de intereses que intenta
chantajear a toda la Cuenca sabiendo la enorme necesidad de empleo que hay. Los
trabajadores, las familias de la Comarca Minera ni pueden ser rehenes de
aquellos que intentan obtener enormes cantidades de dinero como fruto del
descuartizamiento, a precio simbólico, que han operado sobre las Minas de
Riotinto y sobre las necesidades de sus gentes.
La minería
es una actividad de utilidad pública. La Administración debe velar por los
derechos del común ante la agresión del chantaje. La Administración tiene
recursos legales para EXPROPIAR a todo aquel que se oponga de forma torticera a
la apertura de la mina. El nuevo Gobierno debe liderar con firmeza la gestión
para la explotación de la Mina. Los ejemplos de RUMASA antaño y de BANKIA hoy
ilustran la necesidad de la acción administrativa, apoyándose en la Ley, para
tomar decisiones firmes, sólidas, que conduzcan a conseguir actividad
industrial rentable en lo económico y social.
Riotinto
debe abrir, puede abrir, tiene que abrir.
