Ayer viernes, 11 de noviembre, los recolocables de CCOO de Minas de Riotinto, junto con los trabajadores de astilleros de Sevilla, se concentraron ante las puertas de las Cocheras del Puerto de Huelva, lugar en el que estaba prevista la celebración de un acto de campaña del PSOE en el que estaba prevista la presencia del Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para protestar por su situación laboral y exigir al partido en el gobierno autonómico soluciones rápidas y definitivas. Esta concentración fue duramente reprimida por el cordón policial presente en el acto, cuyos integrantes no dudaron en utilizar la violencia contra los trabajadores, lo que finalmente tuvo como consecuencia que varios de los trabajadores salieron con magulladuras.
La Asamblea Local de IULV-CA de Nerva quiere manifestar su más contundente rechazo tanto a la represión violenta de trabajadores que se encontraban allí para exigir el cumplimiento de sus derechos y de los compromisos adquiridos por los gobernantes, como al hecho de que el PSOE utilice recursos públicos, el desproporcionado cordón policial que rodeaba el lugar del acto, para cubrir un acto de campaña del partido. Para nosotros es absolutamente intolerable que se gasten cantidades ingentes de dinero público, y que se desvíen recursos que son de todos, para dar servicio en un mitin de Griñán.
Y más intolerable es aún la actitud de unos gobernantes que en su día se encargaron de cerrar la mina (sí, fue el PSOE gobernando en la Junta quien la cerró) y que forzaron a un gran colectivo de trabajadores a cesar voluntariamente en su relación laboral para propiciar dicho cierre, tras haber firmado unos compromisos claros de recolocar a todos y cada uno de ellos, que ahora escurren el bulto y pretenden dejar a estos trabajadores tirados sin cumplir con sus compromisos, y utilizando además la difamación y las mentiras para criminalizar al colectivo.
IU exige a la Junta el cumplimiento total del compromiso de recolocación de los exmineros de Riotinto de manera inmediata, pues considera que, tras 7 años transcurridos desde el cierre de la explotación minera, los acuerdos firmados con el colectivo siguen vigentes mientras siga habiendo miembros de éste que no hayan sido recolocados, y es inadmisible que el gobierno andaluz pretenda ahora lavarse las manos y dejar a las familias en la estacada.
¡RECOLOCABLES, SOLUCIÓN YA! ¡ASTILLEROS NO SE CIERRA!