11/19/2011

Un programa en defensa de los trabajadores y de la democracia, contra los especuladores y los mercados

La crisis estalló con fuerza a partir de 2008. Desde entonces, y especialmente desde mediados de 2010, se ha producido un deterioro mayúsculo de la democracia. Este proceso culminaba este verano con la reforma fulminante de la hasta ahora sacrosanta Constitución de 1978, impuesta por el PP y el PSOE sin que los ciudadanos jugaran ningún papel en semejante decisión.

En esta legislatura se ha visto con absoluta claridad el carácter del PSOE, un partido en plena connivencia con el PP para aplicar en el Estado español el programa básico de los especuladores financieros internacionales, llamados engañosamente “mercados”: recortar derechos laborales, congelar pensiones, privatizar las cajas de ahorro… en definitiva, salvar a la banca para hacer que la crisis la paguen sólo los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios.

Al contrario que el PP y el PSOE, IU ha actuado en esta situación del lado del pueblo y no del lado del mercado. Votando en las instituciones contra los recortes de derechos y participando en la calle de la resistencia contra las imposiciones del gobierno: ya sea en los piquetes de la Huelga General o en la masiva explosión movilizadora desatada a partir del 15M.

En el marco de este combate en defensa de los intereses de los de abajo frente al PPSOE y la especulación internacional, más de 15.000 personas han participado en la elaboración del programa electoral de IU. Un programa cargado de propuestas absolutamente realistas de las que aquí reflejamos algunas de las más relevantes:

- Plan de Choque contra el paro con la creación de tres millones de empleos. Centrado en labores de reforestación y mantenimiento de superficies forestales, rehabilitación sostenible de viviendas y desarrollo de la Ley de Dependencia. Numerosos programas de empleo público han sido presentados por IU al Gobierno desde que empezó la crisis, la aplicación de todos ellos ha sido rechazada por el PSOE.

- Plan para combatir el fraude fiscal centrándose en la evasión originada en las grandes empresas, aumentando los recursos materiales y humanos de la Agencia Tributaria. En septiembre de 2009, IU propuso un programa así en el Congreso y fue rechazado tanto por el PSOE como por el PP.

- Creación de una potente Banca pública mediante la nacionalización de las cajas de ahorro, con el objetivo de inyectar liquidez a los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, en julio de 2010, el Gobierno con el apoyo inmediato del PP, reformó la Ley de Cajas que abría las puertas a la privatización de las cajas de ahorro, para convertirlas en bancos sin función social alguna, y regalando en ese proceso 13.500 millones de euros al gran capital privado.

- Ninguna reducción de las retribuciones de los empleados públicos, excepto altos cargos. Limitación del salario de los altos cargos en todas las administraciones públicas. Eliminación de los sueldos vitalicios de los políticos. En mayo de 2010 el gobierno del PSOE aprobó la reducción del sueldo de los funcionarios un 5%. En enero de 2011, el Congreso con los votos de PP, PSOE y CiU rechazó una propuesta de IU para limitar las multimillonarias pensiones de los ex-presidentes del Gobierno.

- Mejora de las pensiones, que se deben revalorizar al menos lo mismo que la subida de los precios, con un incremento mayor para las pensiones más bajas. Jubilación a los 60 con plenos derechos económicos, o tras 35 años de cotización. En mayo de 2010 el Gobierno del PSOE congeló las pensiones, y en enero de 2011 con el acuerdo del PP, retrasó el derecho a la jubilación completa hasta los 67 años.

- Mejora de las indemnizaciones por despido. Derogación de la Reforma Laboral que el PSOE impuso en junio de 2010 para reducir las indemnizaciones, facilitar el despido y debilitar la negociación colectiva.

- Elevación del salario mínimo a 1100 euros al mes. PP y PSOE han rechazado en múltiples ocasiones este medida contemplada en los planes contra la crisis presentados por IU.

- Impuestos justos, para que paguen más los que más tienen. Proponemos una subida moderada para las rentas de 60.000 a 120.000 euros anuales, y una subida mayor para las rentas superiores a 120.000 euros. Así como una subida del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas con beneficios, restablecer el Impuesto de Sucesiones, y la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras. En septiembre de 2011, PSOE, PP y CiU rechazaron en el Congreso la propuesta de IU para realizar una reforma fiscal equitativa y progresista.

- Suspensión de todos los embargos y cortes de suministro de luz, gas y agua para las personas en desempleo. En octubre de 2009 con el voto favorable de PSOE, CiU, PNV, la abstención del PP y la oposición de IU se aprobó la Ley del “Desahucio Express” para echar a la calle en 15 días a las personas que no puedan pagar el alquiler.

- Reforma de la Ley Electoral para conseguir unas elecciones en donde todos los votos tengan el mismo valor. En enero de 2011, PSOE, PP, CiU y PNV aprobaron una reforma electoral meramente cosmética, para que CiU pudiera seguir teniendo 5 veces más diputados que IU a pesar de tener mucho menos votos.

- Desarrollo de políticas de Memoria Histórica, con la anulación de las sentencias dictadas en el franquismo por motivos políticos, así como la exhumación de las fosas comunes con intervención judicial. Por el contrario, PSOE y PP siguen defendiendo la plena validez de las sentencias franquistas y se niegan a acometer la apertura de las fosas con tutela judicial y con cargo al presupuesto del Estado.

- Programa de cierre de todas las centrales nucleares. Un impulso decidido a la energía fotovoltaica en los tejados permitiría prescindir de las nucleares en 2020. En febrero de 2011, PP, PSOE, CiU y PNV pactaron suprimir la mención a los 40 años de vida útil por ley de las centrales, apostando por mantenerlas funcionando de forma indefinida.

- Eliminar la financiación pública de la Iglesia Católica, avanzando hacia un Estado laico en donde sean los fieles de las distintas confesiones quienes las sostengan económicamente. Supresión de la simbología religiosa en los actos oficiales. Tanto PSOE como PP se niegan a eliminar los amplios privilegios fiscales de la Iglesia Católica.

- Defensa de la sanidad pública y mejora de su financiación, aumentando su presupuesto en un 1% del PIB. Rechazo frontal del “copago”, y ampliación de la cobertura sanitaria a la óptica, ortopedia y salud buco-dental. Importantes dirigentes del PSOE como Trinidad Jiménez, ex-ministra de Sanidad, o Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, se han expresado favorables al “copago”, es decir, el pago directo por parte del ciudadano cada vez que necesite asistencia sanitaria.